Accesibilidad efectiva, cambios en la normativa

noviembre 10, 2020

Por Gabriela Sommer

La voluntad de facilitar la integración de las personas con discapacidad promovió una modificación en la normativa departamental de Montevideo que exige condiciones de accesibilidad para la gran mayoría de los edificios. En proyectos residenciales implicó, entre otros cambios, más metros cuadrados en los espacios comunes y en el 100% de las unidades; en definitiva, un aumento en el costo de la vivienda. El propósito es incuestionable; sin embargo, han aparecido algunas críticas con respecto a su efectividad.

El 1 de octubre de 2014 entró en vigencia la normativa departamental “De las disposiciones referentes a la accesibilidad para todas las personas en los espacios urbanos y en las edificaciones”. Esto obligó a que todos los proyectos –públicos o privados– que iniciaron la gestión del permiso de construcción en la Intendencia de Montevideo (IM) a partir de esa fecha respetaran las condiciones de accesibilidad establecidas en la Norma UNIT 200. En programas residenciales, la reglamentación afecta a los edificios de cuatro o más viviendas, sean obra nueva, reforma o ampliación, y considera el espacio urbano inmediato, los espacios comunes y el acceso e interior de cada una de las unidades.

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Cumplir con los requisitos generales de accesibilidad establecidos implica, principalmente, cambios en el diseño y en la dimensión de los ambientes. En las áreas comunes deben construirse rampas en caso de existir desniveles, instalar –o prever espacios para– ascensores, respetar las dimensiones de las escaleras y los demás espacios de acceso, circulación y recreación. También baños, vestuarios o duchas de uso púbico deben adecuarse a la norma. A su vez, se establecen una cierta cantidad de estacionamientos accesibles, número que se calcula en base a la totalidad de lugares disponibles.

Por último, las cajas de las escaleras han de disponer de un área de rescate en cada nivel; en edificios residenciales la superficie mínima es de 0,80 x 1,20 m. En caso de emergencia, allí esperan las personas con discapacidad hasta ser asistidas.

“Los espacios comunes tienen que ser accesibles, esos no se pueden transformar y toda persona tiene que poder ingresar a un edificio”, afirma Antonio Novino, director de Novino Construcciones. La mayor parte de los cuestionamientos surgen dentro de las viviendas, ya que todas las unidades deben contar con el estar/comedor, un dormitorio, un baño y la cocina con accesibilidad convertible: la capacidad de transformarse en accesibles con mínimas adaptaciones. “Un baño que antes resolvías en 1,20 x 2,40 m, hoy ocupa 1,50 x 3 m. En el total estás construyendo un 10% más de área. Y eso implica un aumento en el precio final”, explica Novino.

Pasillos y puertas también deben ajustarse a ciertas medidas que superan el estándar. Ese excedente de área destinado a espacios de circulación o servicios es un sobrecosto para el comprador que hoy no lo necesita, que “preferiría no tenerlo y no pagarlo”, agrega.

Sin embargo, el empresario hace hincapié en que no es por una cuestión económica que la ley no es efectiva: “Todos estamos de acuerdo con el fin, el problema acá está en el cómo, creo que el cómo no tuvo una discusión pro – funda”. No es la intención, sino la implementación lo que para él no estaría funcionando. Es fundamental atender la integración de las personas con discapacidad, “todos tenemos que tener las mismas oportunidades, pero estamos volcando demasiados recursos en algo que con menos atenderíamos igual o mejor”.

A MEDIO CAMINO

La reglamentación que precedía a esta hablaba de un porcentaje mínimo de apartamentos accesibles. “El inversor decidía cuál iba a ser esa vivienda, cómo iba a ser, ¿y si la persona quería vivir en otra de las tantas que había en el edificio? Eso sí era discriminar. Ahora todas las unidades deben cumplir con las condiciones de accesibilidad, pero estas medidas tampoco solucionaron el problema”, sostiene Novino.

Las adaptaciones mínimas que la IM habilita a realizar en los apartamentos para que se efectúe la convertibilidad no son siempre prácticas. Se crean proyectos que proponen soluciones intermedias que no terminan de mejorar la calidad de vida de quien tiene una discapacidad. Como edificios de tres niveles que prevén un espacio para el ascensor que, de llegarse a precisar, nadie va a poder pagar. O baños que para alcanzar su condición de accesibilidad y que una silla de ruedas pueda girar en ellos tendrían que perder el bidet y el zócalo de la ducha. La normativa habilita cocinas de 1,60 m de ancho, por lo cual para transformarlas en accesibles se tendrían que eliminar los muebles bajo mesada o demoler la pared que la separa del estar.

“La ley es más voluntariosa que efectiva. Tiene una muy buena intención, pero no aportó una solución real”.

Antonio Novino

Novino sostiene que “la ley es más voluntariosa que efectiva. Tiene una muy buena intención, pero no aportó una solución real, porque si esa vivienda tiene que ser transformable, ¿qué es lo que le estoy solucionándole a esa persona?”; que además de haber pagado un 10% más por ese apartamento, tendrá que invertir en su adaptación y renunciar a ciertas comodidades en el proceso, perder confort. “Nos hemos excedido y, en definitiva, no hemos solucionado el tema”.

Surgen contradicciones, incluso, en la resolución de espacios comunes. El área de rescate en escaleras, por ejemplo, zanja el problema del fuego, “¿y qué sucede con el humo, que es el mayor peligro en un incendio?”, se pregunta Novino, “¿y con personas que tienen otra discapacidad?”. Estaría faltando trabajar para mejorar algunos puntos. “Tenemos que pensar en cómo aportar soluciones para las personas con discapacidad, pero tenemos que pensarlo inteligentemente. Y creo que acá faltó inteligencia en la resolución. Lo que existía no estaba bien, porque uno de – terminaba dónde iba a vivir esa persona. ¿Cuál es la forma que hay entre aquella y esta? Que la persona pueda elegir dónde vivir y que lo subsidiemos para que lo haga”.

OTRA OPCIÓN

Novino recuerda que “cuando se gestó esta normativa buscamos alternativas, le propusimos a la IM que cobrara una tasa por cada permiso de construcción para así generar un fondo. Y que ese fondo atienda las necesidades de convertibilidad de la vivienda de la persona con discapacidad. Que esa persona tenga, entonces, la posibilidad de elegir su vivienda y que la diferencia para transformarla salga de ese fondo. En lugar de hacer un 100% de viviendas accesibles”. La pro – puesta quedó en la nada, pero la intención de seguir trabajando sobre esto persiste; para, en lugar de prever, alcanzar el resulta – do deseado con total efectividad.

Para Novino, la alternativa pro – puesta es comparable con el mecanismo del Fondo Nacional de Recursos: “Acá se podría aplicar el mismo concepto. Para no recargar a quien hoy no lo necesita”. Si en lugar de pagar un 10% más del precio por un área que no va a usar, el comprador pagara un mínimo extra con su compra, o si se cobrara una tarifa especial con cada permiso de construcción, se podría generar un fondo y subsidiar a la persona con discapacidad que quisiera acceder a una vivienda.

Cumplir con los requisitos generales de accesibilidad establecidos por la Intendencia de Montevideo implica, principalmente, cambios en el diseño y en la dimensión de los ambientes.

Otro de los ejemplos que plantea es el mercado de automóviles, donde se cuenta con un subsidio, pero “no se pretende que todos los autos sean accesibles”, el Estado otorga ciertos beneficios para aquel que necesita que sea accesible.

Con la reglamentación “se rompió el esquema, ahora hay que perfeccionarla. Hay que hacer que funcione de verdad”, concluye Novino.