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Editorial

Aún nos queda mucho por hacer

julio 16, 2021

Por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

Controlada la pandemia resultará imperioso contar con planes de inversión concretos, mecanismos de financiamiento alternativos y ‘apurar el paso’ de la gestión para reactivar la economía y generar empleo.

Con el rezago habitual de casi tres meses, el Banco Central del Uruguay (BCU) publicó los datos de actividad del primer trimestre del año. En lo que refiere a la construcción, se confirma el dinamismo del sector con un crecimiento de 3,3% respecto al primer trimestre del año anterior, acumulando dos trimestres consecutivos de crecimiento interanual. El mismo informe del BCU señala que las obras de infraestructura del Ferrocarril Central y las asociadas a la construcción de la tercera planta de celulosa explican en gran medida este desempeño; por otro lado, las obras de edificios, obras viales y líneas de energía y comunicación presentaron una caída respecto al mismo trimestre del año anterior. Es decir que este escenario positivo que el sector atraviesa sigue teniendo dos motores en las grandes inversiones de la tercera planta de celulosa y el Ferrocarril Central. Pero todos quienes estamos en el sector tenemos claro que las obras terminan y no estamos visualizando cuáles serán los nuevos motores que sostengan esta actividad una vez que los que hoy la están impulsando se vayan apagando.

Dejando de lado la mirada sectorial y enfocándonos en la economía en su conjunto, según el citado informe del BCU, se tuvo una caída interanual de 2,8% respecto del primer trimestre de 2020 mientras que, si se analiza en relación al último trimestre de 2020, la caída es de 0,5%. La ansiada recuperación económica da señales de debilidad. Pero aún más preocupante es el dato de empleo que se conoció recientemente con los datos a mayo, que marca un aumento del desempleo al 10,2% con un total de desocupados que ronda las 180.000 personas. Desde estas páginas ya hemos escrito respecto de la necesidad de contar con un plan ambicioso de inversión en infraestructura para reactivar la economía y generar empleo, porque la inversión en infraestructura es un mecanismo probado para estimular las economías a la salida de una crisis.

Tenemos claro que las obras de la tercera planta de celulosa y el Ferrocarril Central terminarán y no visualizamos cuáles serán los nuevos motores que sostengan a la construcción.

Ha habido algunas señales positivas: por un lado, el Fideicomiso para atender la situación de los asentamientos incluido en la Rendición de Cuentas puede ser un instrumento válido para llevar adelante acciones para mejorar la situación de muchas familias por las que hasta ahora se ha hecho muy poco; por otro lado, la aprobación de sendas iniciativas privadas por parte del directorio de OSE, primero de la planta potabilizadora de Arazatí y más recientemente de un proyecto de saneamiento para más de ciento veinte localidades que extenderá en forma significativa el servicio en el interior del país. De estos proyectos no se desprende un plan sino más bien impulsos, que en algunos casos provienen del sector privado, pero son inversiones importantes que generarán actividad en todo el territorio y por tanto son bienvenidas.

Pero hay otras señales poco auspiciosas, como las que surgen del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), dos de los principales ejecutores de inversión pública. El MVOT cuenta con un presupuesto restringido, a tal punto que de 28 licitaciones que venían en proceso de adjudicación del período anterior solo ha firmado diez contratos, los que le han permitido los recursos disponibles. En los 16 meses que lleva la nueva administración tampoco ha realizado ningún nuevo llamado a licitación y el programa del Fideicomiso Entre Todos, iniciativa novedosa para generar viviendas para sectores de ingresos medios bajos apalancando recursos del sector privado, aún no ha concretado su lanzamiento. Ni el MTOP, que ha sufrido con el cambio y posterior quebranto de salud del nuevo ministro, ni su concesionaria la Corporación Vial del Uruguay han concretado ningún llamado a licitación con el nuevo instrumento Crema, que se está desarrollando como alternativa a la modalidad de PPP. El caso de la doble vía de Ruta 5 hasta Durazno es el más preocupante, ya que sería la ruta de salida de la celulosa de la tercera planta hasta tanto no esté operativo el Ferrocarril Central.

Está claro que la pandemia ha demandado mucha atención de las autoridades, como también recursos del presupuesto; somos de los que pensamos que el manejo de la crisis ha sido muy criterioso, los resultados están a la vista y una nueva normalidad se aproxima. Pero controlada la pandemia, resultará imperioso contar con planes de inversión concretos, mecanismos de financiamiento alternativos y “apurar el paso” de la gestión para reactivar la economía y generar empleo, sobre todo generar empleo, porque esta es la situación más angustiante que afecta a tantos uruguayos. Y a ese respecto, aún nos queda mucho por hacer.

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