Editorial

(Fotografía: Pablo La Rosa)

Un nuevo convenio colectivo

septiembre 17, 2020

Por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

El sector acordó no ir por un convenio puente, como sugirió el gobierno, y en su lugar eligió el camino de la negociación colectiva para llegar a un convenio que tendrá vigencia por 35 meses.

Ante el advenimiento de la octava ronda de los consejos de salarios, con la crisis sanitaria instalada y sus consecuencias en la actividad de casi todos los sectores, el Poder Ejecutivo, recogiendo la opinión del Consejo Superior Tripartito, propuso la realización de un convenio puente con carácter general por un año, y luego abrir la negociación en 2021, una vez cumplido el plazo de dicho convenio puente.

Para la construcción, ese convenio puente hubiese sido inconveniente, ya que nos colocaba en una negociación en mayo de 2021, en un momento en que la industria tendrá una importante ocupación tanto en la obra de UPM II como en el Ferrocarril Central. Por otra parte, parecía difícil que el Sunca acompañase esa propuesta, como de hecho sucedió cuando el tema se trató en la mesa representativa de la central sindical, instancia en la que el Sunca se pronunció en contra.

Priorizamos lo que nos parecía de más valor para la industria, que entendimos eran la duración del convenio colectivo y el no encarecimiento del costo de construcción

Le hicimos el planteo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de que nos parecía necesario quedar fuera del convenio puente y que creíamos conveniente que se nos habilitara a entablar la negociación salarial para nuestro sector. El Ejecutivo compartió nuestro planteo, pero hubo que esperar que se procesara a nivel del Consejo Superior Tripartito el convenio puente para la mayoría de los sectores de actividad, para recién ahí convocar la negociación del Grupo 9 de los Consejos de Salarios. El proceso formal comenzó el 6 de julio, cuando habían transcurrido dos meses del vencimiento del anterior convenio colectivo, aunque previamente mantuvimos reuniones bipartitas informales, así como con autoridades del gobierno.

Como en toda negociación, hay conquistas y concesiones; no todo se consigue, como tampoco todo se concede. Nosotros priorizamos las cosas que nos parecían de más valor para la industria, que entendimos eran la duración del convenio colectivo y el no encarecimiento del costo de construcción. Esas fueron nuestras principales banderas, que se fueron delineando en el Consejo Ejecutivo de la Cámara de la Construcción y que también fueron acompañadas por las otras gremiales que conforman la representación empresarial. Ambas prioridades entendemos que se consiguieron, pero vayamos por partes.

Valoramos por sobre todas las cosas que el convenio colectivo tendrá una duración de casi tres años (35 meses), lo cual es una señal de certeza y estabilidad para la industria, que contribuye a conformar un escenario propicio para concretar inversión privada en el sector, la que se ha venido resintiendo desde hace cinco años y que tanto necesitamos para recuperar el crecimiento y el empleo. Para las empresas, despejar por 35 meses la conflictividad asociada a la negociación colectiva permite enfocarse en producir, en mejorar procesos internos, en incorporar tecnología, en racionalizar la organización del trabajo; en definitiva, en mejorar la productividad para tener una industria más eficiente y más competitiva.

El convenio colectivo tendrá una duración de casi tres años, lo cual es una señal de certeza y estabilidad para la industria

Con respecto a lo económico, destacamos los tres aspectos más relevantes: a) se asegura el mantenimiento del salario real en la medida que se mantenga la ocupación por encima de cierto umbral; b) no se encarece el costo de construcción, ya que la fórmula de ajuste mantiene el salario real y los beneficios complementarios otorgados prácticamente no tienen impacto económico; c) los aumentos nominales para 2021 y 2022 están asociados al 90% y 100% del centro del rango meta de inflación del Banco Central del Uruguay, son los más bajos de los últimos 15 años y representan una señal de confianza en la política económica y el manejo de la inflación hacia adelante.

También fue nuestra intención que en este convenio se incluyeran algunos ajustes al protocolo de prevención de conflictos. Si bien no fue posible plasmarlo en esta instancia, en el convenio quedó instalada una comisión al más alto nivel de las organizaciones para trabajar en mejoras al protocolo de prevención y atención de conflictos, con un plazo límite de 180 días para elevar las conclusiones. Confiamos en que lograremos avances para tener un instrumento más eficaz para cuando se plantea una situación de potencial conflictividad en obra.

Sabemos que un convenio es materia opinable y que en una industria tan heterogénea seguramente habrá quienes tuviesen expectativas de lograr otros resultados. En este editorial hemos intentado explicitar el camino recorrido y exponer las principales fortalezas de lo acordado. El juicio de valor sobre el convenio queda a criterio de cada interesado.

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