Apuesta por las aulas

abril 2, 2020

Por María José Fermi

Así como antes le tocó a la ruta, el ferrocarril, la cárcel y otros proyectos de infraestructura, la Participación Pública Privada llegó al sector educación. En el marco de la Primera PPP Educativa del país, 59 centros serán construidos en 14 departamentos. Desde una de las empresas miembros del consorcio ganador, nos explican las características y desafíos de esta aventura.

Las PPP educativas están en marcha. Antes fueron las rutas, un centro penitenciario, el ferrocarril y, ahora, las aulas. El 6 de setiembre –casi tres años después de que saliera el llamado público– se firmó el primer contrato de Participación Público Privada (PPP) vinculado a la educación. El consorcio Centros Educativos Primera Infancia (CEPI), integrado por las empresas constructoras Conami, Basirey (Transamerican) y la proveedora de material Barraca Uno (Nelit), fue el ganador de esta carrera a largo plazo. ¿El reto? Diseñar, construir, financiar y mantener 59 centros educativos a lo largo y ancho del país por 22 años.

MÁS PROYECTOS EN EDUCACIÓN
Además del otorgado al consorcio CEPI, existen otros tres proyectos de PPP educativos que están siendo trabajados simultáneamente. El Segundo Proyecto de Infraestructura Educativa comprende el diseño, financiamiento, construcción y operación de 23 escuelas, 10 polideportivos y 9 polos tecnológicos. La adjudicación definitiva por parte de ANEP fue resuelta el 5 de noviembre a favor del consorcio integrado por Berkes, Saceem y Stiler. Para el tercer proyecto, que incluye 27 CAIF y 15 escuelas, la adjudicación provisional al consorcio CIEU (integrado por BTD Capital 12, Tecnove, Conami y Basirey) fue dada en junio de este año. Finalmente, el cuarto proyecto consiste en desarrollar 58 centros educativos, 42 liceos y 16 UTU. Solo dos ofertas fueron presentadas y su evaluación aún no ha finalizado.

El Primer Proyecto de Infraestructura Educativa, firmado con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), contempla la construcción de 44 jardines de infantes y 15 centros CAIF en 14 de los 19 departamentos del país. Estos son: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

EN TIEMPO Y FORMA

Las obras están divididas en dos etapas: 20 centros se entregarán entre junio y julio del próximo año, mientras que los 39 restantes estarán para junio/julio de 2021. En total la inversión será de 68 millones de dólares (55 para los jardines y 13 para los CAIF). La financiación, una de las principales razones por las que los plazos para el proyecto se extendieron, es otorgada por CAF-AM Administradora de Activos – Uruguay, S.A, empresa uruguaya propiedad de CAF Asset Management Corp., subsidiaria del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Las obras, que generarán 1.000 puestos de trabajo directo en cada una de sus dos etapas, arrancaron en setiembre con el movimiento de suelos. Para fines de noviembre todas las plateas estaban terminadas y en alguna obra ya se comenzaron los muros.

“Este es el primer proyecto educativo PPP que sale en el Uruguay, en total son cuatro. El nuestro es el que va abriendo como punta de lanza y por eso creo que ha llevado tanto tiempo”, explica Gustavo Marenco, director de Conami, una de las empresas consorciadas. Su socio, Mario Quijano, concuerda con que a medida que haya más PPP de este tipo se irán afinando detalles y procesos. Por ejemplo, para la auditoría de este proyecto hubo que conseguir un documento que certificara que no ocurren sismos en Uruguay para justificar por qué no se hizo un cálculo estructural y un diseño sismo-resistente. Sin embargo, sí se tiene como requisito contar con un seguro para sismos. “O sea la aseguradora te cobra por algo que no ocurrirá. Creo que esto sucede porque somos los primeros; le debe haber pasado a la primera PPP vial también. Después se empieza a mejorar y ya hay propuestas de ciertos cambios para facilitar y agilizar”, detalla Quijano.

RETOS A LA VISTA

A nivel constructivo son obras relativamente sencillas, de tamaño chico y de tipologías repetitivas: cada jardín de infantes tendrá una extensión de 575 m² y los centros CAIF serán de 408 m². Se trata de “un sistema constructivo basado en platea, muro portante y techo liviano”, explica Marenco. Los edificios tendrán una cubierta liviana panel de lana de roca con aberturas de aluminio y pavimento de porcelanato o monolítico.

Por las características del proyecto, los desafíos aparecen a nivel logístico y de supervisión. “Es un reto tener tantas obras abiertas a la vez y hacer llegar todos los materiales a las obras en tiempo y forma”, dice Marenco. La apuesta es aún mayor si se piensa que las obras se sitúan en diferentes partes del país, desde Artigas hasta Montevideo.

Para Mario Quijano, sin embargo, el mayor de los retos no está en los aspectos prácticos de la obra sino en la decisión de involucrarse en un contrato PPP de esta magnitud con todas las características que un proyecto a largo plazo conlleva. “Uno de los desafíos más grandes que se plantean las empresas uruguayas, al menos las que no están acostumbradas a este tipo de proyectos, es el tema del financiamiento. El cronograma debe estar calzado con el financiamiento y tiene que haber un retorno en el tiempo, porque se paga después de terminado y se empieza a cobrar con el mantenimiento”, explica uno de los directores de Conami.

COBRO A LARGO PLAZO

Una vez que se habiliten los centros, el privado será responsable por su mantenimiento. En los espacios de ANEP esto implica limpieza, seguridad, control de pestes, cuidado de áreas verdes y limpieza de graseras. Para INAU, por su parte, los servicios serán los mismos que para ANEP, salvo por la limpieza del centro. De cualquier forma, los servicios educativos estarán siempre a cargo de las entidades públicas.

“El pago se dará a partir de que se entregue el primer centro y esté disponible para usarse. Se paga por cada centro y se hacen deducciones por el mantenimiento”.

Mario Quijano, Conami

Al tratarse de un proyecto que comprende 59 centros distintos, el Pago por Disponibilidad (PPD) por parte del Estado se hará de forma independiente por cada uno de estos espacios. Es decir, “se paga por centro y se hacen deducciones por el mantenimiento de cada uno”, explica Quijano. En cada centro se tiene una cantidad de áreas disponibles que ya han sido determinadas (baños, aulas, cocina, etcétera). Si todas estas están disponibles. el pago es por el 100% de ese centro. En cambio, si alguna área no está disponible y la falla no se resuelve en el tiempo de respuesta establecido, se inician las deducciones. Marenco ejemplifica: “Estas deducciones son de acuerdo al tipo de falla. Si es una falla de calidad o una falla reactiva, por ejemplo. No es lo mismo un vidrio roto o tener tres baños que no funcionan. Tampoco es igual si el vidrio se rompe en horario de trabajo o fuera de él. En el primer caso lo pagamos nosotros, en el segundo, no”.