Trabajo en equipo

enero 25, 2021

Por María José Fermi

A raíz de la consultoría Guía de Mejores Prácticas para la contratación de obras públicas, la CCU y la Universidad de Montevideo realizaron un taller sobre derecho y contratación administrativa. El foco estuvo puesto en las propuestas contractuales que pueden propiciar una mayor colaboración y relacionamiento entre contratante y contratista.

La contratación de obras públicas suele ser compleja, tanto para el contratante como para el contratista. La revisión del contrato, la redacción de pliegos, las propuestas técnicas y económicas y las dificultades que se suscitan durante la ejecución son solo algunos de los desafíos a los que constantemente se enfrentan las partes.

El 1 de diciembre se llevó a cabo un taller virtual, organizado por la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, sobre contratación administrativa basado en un trabajo de consultoría para la CCU sobre mejores prácticas para la contratación de obras públicas. Este estudio fue elaborado por Echevarría Leunda & Echevarría Petit Abogados. En el evento participaron como oradores, además del autor Dr. José Luis Echevarría Petit, los profesores de Derecho Administrativo Dr. Carlos Delpiazzo, Dra. Cristina Vázquez y Dr. Felipe Rotondo.

Durante la presentación del trabajo, Echevarría comentó que una de las inquietudes de la CCU que propició la elaboración de este proyecto fue que “en los llamados se repetían problemas que generaban costos” extra para las empresas postulantes. Justamente, el Ing. Diego O’Neill, presidente de la gremial, sostuvo que “este documento busca aportar a la discusión para que el país tenga un mejor sistema de contratación”.

“Las sugerencias del trabajo cumplen con una visión teórica así como una visión práctica, además de una veta ética”.

Dr. Felipe Rotondo

El documento presenta 42 sugerencias de buenas prácticas divididas en tres partes: la preparación del pliego, la contratación de obras y la ejecución del contrato. Para Delpiazzo, incluso, por la forma en la que están redactadas algunas cláusulas podrían ser “de inmediata aplicación”.

TRABAJO COMPARTIDO

En la parte dedicada a la preparación del pliego, Echevarría proponía, entre otras cosas, tener claras las exigencias mínimas para contratar en casos de excepción, realizar la apertura pública con escribano y evitar las repeticiones y contradicciones en los diversos pliegos. Sobre esto último comentó el Dr. Delpiazzo en su intervención al expresar que es conveniente limitar la especificidad en los pliegos particulares pues “incluimos tantas cosas en el pliego particular que se generan contradicciones con el pliego general”.

Para Delpiazzo es clave “reivindicar el principio de colaboración entre el contratista y el contratante”. Para el profesor se debe edificar sobre esta base que, incluso, no necesita de grandes leyes ni cambios normativos sino de un reenfoque de la relación entre las partes. “Parecería que el contratista es mi enemigo, con pliegos que parecen carreras de obstáculos y el oferente que llega es el que logra sortear esos obstáculos”, dijo el experto en derecho administrativo.

En esa misma línea comentó el Dr. Felipe Rotondo al explicar que al momento de trabajar en un contrato “no hay que partir de la base de que se trata de lados opuestos”. Para el profesor se debe buscar una responsabilidad compartida y proactiva, pues la realidad ha prácticamente “convertido al contratista en un subordinado”.

VISIÓN PREVENTIVA

En lo que se refiere a problemas que pueden generarse durante la ejecución del contrato de obras públicas, Echevarría hizo hincapié en los trabajos adicionales que pueden surgir en esta etapa. Para el abogado, una buena práctica sería establecer que el contratista no podrá reclamar un pago extra por los trabajos adicionales si es que estos no han sido autorizados por escrito por la administración. Además, se debe aceptar el precio propuesto por el contratista.

La profesora Vázquez también resaltó este punto en lo vinculado al reajuste de plazos. Para ella sería ideal que “existan en el pliego acuerdos previos por escrito previendo el reajuste de los plazos” si es que las obras adicionales los ameritan. De esta forma, ya se tienen resueltos de manera anticipada posibles desafíos que pueden surgir a lo largo de la ejecución.

Tanto Vázquez como Rotondo hicieron referencia a la relevancia de tener mecanismos para la resolución de disputas (ya sea con Comités de Seguimiento, arbitrajes técnicos o arbitraje en general). En la opinión de Echevarría y los comentaristas invitados, esto ya debería quedar estipulado en el contrato para generar eficiencias y tener las reglas claras ante una eventual discrepancia.

Asimismo, ahondando en una visión preventiva y de control, en el trabajo se sugiere incorporar al cronograma de obras y de inversiones uno de hitos de obra por los cuales se recibirían pagos por avances ejecutados. “La idea es determinar hitos a lo largo de la obra y cuyo cumplimiento amerite pagos por esas etapas. Así se busca evitar incumplimientos”, dijo Rotondo.

DE CANDIDATOS Y PROCESOS

La Dra. Vázquez también comentó sobre la actual exigencia de experiencia previa en obras similares para poder ser un oferente apto en las contrataciones públicas. En su opinión, esto limita la participación de empresas competentes y, en muchos casos, con mayor experiencia de la necesaria para los proyectos de obra pública únicamente por no contar con trabajos en obras similares a las del objeto del llamado. “Exigir experiencia en obras similares debe darse solo cuando sea justificado”, dijo.

Asimismo, la profesora de derecho administrativo comentó que, durante la evaluación de las propuestas de los oferentes, el puntaje de las etapas precedentes debería ser tomado en cuenta para las instancias posteriores. “Se debe hacer pesar las consecuencias de una propuesta técnica menguada en la etapa financiera”, dijo Vázquez, pues, aunque “la administración pague menos, puede terminar recibiendo un proyecto de menor calidad”.

“Se debe hacer pesar las consecuencias de una propuesta técnica menguada en la etapa financiera [de la contratación]”.

Dra. Cristina Vázquez

Finalmente, Vázquez concluyó su intervención comentando que “este es un catálogo serio, estudiado y equilibrado –salvo en algún matiz–, y tengo la expectativa de que funcione de maravilla como soft law y que, luego de un tiempo en el arenero, se convierta en esa ley de contratos para las partes”.

Para Rotondo, las sugerencias de buenas prácticas de este trabajo cumplen tanto con “una visión teórica como con una visión práctica”, además de una “veta ética”. Por esto, su incorporación al sistema de contratación de obras públicas no solo sería factible sino algo sumamente positivo. La discusión al respecto entre el ámbito público y el privado parece tener una herramienta más que propicia la colaboración entre las partes.