El plebiscito “trasciende los números que puedan hacerse; es un daño reputacional gigantesco”

octubre 26, 2024

Para el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ignacio Munyo, el próximo 27 de octubre los votantes tomarán “la decisión más importante de los últimos 40 años para el Uruguay”. Y no se refiere a las elecciones presidenciales y parlamentarias, sino al plebiscito sobre la seguridad social. El economista advierte que, de aprobarse, no solo cambiarán las condiciones jubilatorias sino el rumbo del país.

Establecer la edad de retiro en 60 años, equiparar el salario mínimo con la jubilación y eliminar las Administra doras de Fondos de Ahorro Previsional, más conocidas como AFAP, son las principales iniciativas incluidas en el plebiscito sobre la seguridad social a votarse el próximo 27 de octubre. Desde su despacho en el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el director del Ceres, Ignacio Munyo, advierte sobre los efectos que considera tendría la aprobación de esta propuesta.

‒Este octubre se votará el plebiscito de la seguridad social, ¿cuáles serían los impactos de aprobarse esta medida?

‒El impacto total es muy difícil de cuantificar. Se pueden hacer cálculos fiscales de lo que implicaría el costo asociado a las nuevas jubilaciones que se aumentan o a las pensiones que suben al salario mínimo nacional. También se han hecho cálculos del potencial de juicios que pueden surgir por la expropiación de los fondos que las personas tienen a título individual y que pasan a ser propiedad del Estado. Pero el costo es mucho mayor que esos números que se puedan hacer, porque es el costo de hacer un cambio de rumbo del país. Uruguay está en un camino que se inició en el 85 con la vuelta a la democracia, en el que han pasado todos los gobiernos que tuvimos a lo largo de estos años con transiciones ejemplares y que, con matices, han mantenido un rumbo en el país: el rumbo que siguen los países integrados al mundo, a los mercados, que tienen interacciones financieras y comerciales, que participan de los principales foros de los organismos internacionales, que son países ejemplos y que, de hecho, les va bien, o sea, logran avanzar en su desarrollo. Uruguay ha venido lentamente [en ese rumbo]. Digo lentamente porque creo que lo que se podría cuestionar es la velocidad, pero no el rumbo.

‒En ese contexto que menciona, ¿qué implicaría este planteamiento?

‒Con este plebiscito es la primera vez que tenemos sobre la mesa la posibilidad de un cambio de rumbo dramático. Cuando digo dramático quiero decir salir de la carretera, dar un volantazo e ir por otro camino. Ese camino tiene algunas características: la primera es que los países que han intentado ir por él no han tenido éxito. Esto no quiere decir que no pueda haberlo, pero hasta ahora quienes lo han intentado han fracasado.

‒Usted ha comparado este contexto con lo sucedido en Argentina en 2008.

‒Sí; Argentina 2008 es un caso parecido y llevó a tener un sistema de pensiones que es de los peor ranqueados en el mundo. Pero no solo es el sistema, sino que se destruye una credibilidad, una política de integración al mundo, de confianza en los mercados y en las reglas de juego que una vez que se rompe es muy difícil de recuperar. Sería romper con una tradición histórica del país. Es como si en el año 2002 se hubiera dado un default a la deuda pública, como algunos referentes de la opinión pública plantearon en su momento. Tiene ese grado de magnitud. El impacto sería parecido y te puede costar a nivel de la credibilidad internacional de una marca país que ha sido custodiada durante muchísimo tiempo por todos los partidos políticos. Entonces el daño es imposible de medir, lo que sí puedo decir es que es gigante. Discrepo con que se diga que el costo de esto es lo que aumenta el gasto que tendrá que pagar el Estado y que eso se puede pagar con tantos puntos más de impuestos; no, eso es una partecita; el costo es mucho más grande.

‒Quienes promueven el plebiscito sostienen que los números sí dan.

‒Esto trasciende los números que puedan hacerse, porque cualquiera de esos números son estimaciones que se quedan cortas de lo que puede pasar. Es un daño reputacional gigantesco y para cualquier institución esos son los peores porque son los que más cuesta arreglar.

‒También ha advertido que Uruguay podría perder el grado inversor, ¿qué implicancias tendría esto?

‒Las calificadoras de riesgo de prestigio internacional son empresas que trabajan con clientes mundiales, tanto empresas como gobiernos, que dicen “vos pres tale tranquilo que esto se va a pagar” porque el país tiene determinadas características e indicadores que hacen que ese crédito se cobre tranquilamente en 20, 30 años. Si esto se aprueba no hay ningún técnico de cualquier calificadora de riesgo que, en su sano juicio, pueda decir que Uruguay va a mantener el grado inversor. Si esto pasa, no tenemos que pensar que están en contra nuestra; está bien que nos lo saquen porque va a estar en duda que Uruguay pueda pagar su deuda en el futuro con este cambio tan radical. ¿Qué significaría esto? Para empezar, bajar el grado de calidad crediticia que tiene el país se traduce en que al país le va a salir más caro pedir deuda, va a tener que pagar más tasa de interés, o sea le sube el costo para endeudarse. Lo va a sacar de determinados nichos de acceso porque como Uruguay tiene ahora grado inversor, la deuda uruguaya, por ejemplo, la pueden comprar fondos internacionales que están obligados a comprar solo a grado inversor. Si Uruguay pierde eso va a perder capacidad de financiamiento en determinados sectores del mercado.

‒¿Cómo impactaría esto al sector privado?

‒Las empresas internacionales que quieren invertir en el país miran el grado inversor del país, la calidad crediticia, el prestigio internacional, y obviamente va a ser más difícil atraer inversiones internacionales de primer nivel al país. De eso no hay duda. Va a ser más difícil que vengan empresas a instalarse. En estos meses ya he tenido varias reuniones con bancos internacionales y calificadoras de riesgo que están tremendamente preocupados y, de hecho, es lo único que les importa del 27 de octubre. Uruguay hoy está en la lupa por este plebiscito.

“Discrepo con que se diga que el costo [de la reforma] es lo que aumenta el gasto que tendrá que pagar el Estado y que eso se puede pagar con tantos puntos más de impuestos. No, el costo es mucho más grande”. Ignacio Munyo

‒¿Considera que la población está informada al respecto?

‒El debate va por otro lado. Yo insistí mucho públicamente cuando se juntaban las firmas. Es un gran riesgo haber llegado a este punto, porque esta es una gran tentación. Es muy atractivo, especialmente para las personas que ganan menos, que tienen jubilaciones sumergidas y les ofrecen una jubilación digna; ¿quién no va a querer eso? Te dicen que se va a terminar el lucro en la seguridad social y, además, vas a mantener tu jubilación como si estuvieran las AFAP. A priori, en la letra nadie pierde, pero si se concreta, pierden todos. Esto es muy difícil de visualizar a nivel individual y de la opinión pública, que realmente no está informada. El 27 de octubre cada persona va a tener en sus manos una decisión crítica, la más importante de los últimos 40 años para el Uruguay; va a estar eligiendo el futuro del país. Seguir por este rumbo, con matices como han tenido los distintos gobiernos, o ir hacia un camino que termina en un precipicio en todos los países que lo han recorrido. Cada uno de los uruguayos tiene que asumir la responsabilidad de lo que va a votar. El que no se va a tomar el trabajo de entender todo lo que implica, que no participe, nadie está obligado a meter la papeleta, que solo vote a los partidos en la elección nacional. Ahora, el que se lo tome en serio, pues que se informe y consulte con sus líderes políticos que están profesional mente dedicados a esto.

‒¿Rescataría algún aspecto de lo propuesto en el plebiscito?

‒Vamos por partes. Lo de bajar la edad va a contramano de todas las reformas del mundo, todos los países están subiendo la edad, no bajándola. Después, el aumentar las jubilaciones mínimas; obvia mente cualquiera quiere hacerlo, pero que eso esté atado al índice medio de salarios y esté en la Constitución es hasta un incentivo perverso porque no solo hace que no suban las jubilaciones mínimas, sino hasta que baje el salario mínimo. Está mal diseñado, mal pensado y puede ser contraproducente. Sobre el tercer punto, creo que el trabajo que hacen las AFAP, para que se haga bien, tiene que tener los incentivos. Se paga por una tarea que es compleja y profesional. Por lo tanto, no estoy en contra de que haya un lucro. Como persona que tengo ahorros jubilatorios, prefiero que los maneje un equipo profesional que trabaja en una institución profesional más que un funcionario público del Estado uruguayo.

‒En la construcción existe preocupación por la posible eliminación de las AFAP, ya que funcionan como entes financiadores de proyectos de infraestructura.

‒Significa cortar un canal de financiamiento que ha sido muy importante en los últimos años para el Uruguay, donde se canalizan los ahorros jubilatorios en proyectos productivos de distintas áreas. Eso hay que ver cómo cambiaría, porque lo que plantea la reforma es que todo el portafolio de inversiones que hoy tienen las AFAP, que es sumamente complejo, pase a manos de un fideicomiso que va a manejar el BPS. Ahí hay una gran incógnita sobre cómo va a ser ese fideicomiso, qué va a hacer con todos esos activos. Esas son las cosas que, si lamentablemente esto se aprueba, tocará entrar a discutir, el cómo se procesa ese cambio de régimen.

“Uruguay tiene que profundizar en la gestión pública, la eficacia. El país hoy no tiene un problema de diseño, tiene un problema de ejecución”. Ec. Ignacio Munyo

‒¿Considera que el plebiscito refleja una disconformidad general con el sistema jubilatorio actual?

‒El plebiscito no lo está llevando a cabo una disconformidad enorme con el sistema jubilatorio, sino una minoría, incluso dentro del movimiento sindical, que ha logrado imponer esta posición y no logra tener a ningún partido político atrás, más allá de partidos dentro de la coalición Frente Amplio. Esto es la voluntad de una minoría que siempre es tuvo en contra de este sistema desde sus orígenes, cuando en el año 96 Uruguay lo incorporó. En el fondo esto no cuestiona la reforma del 2023; busca la del 96 y se lleva las dos reformas puestas. Es como volver al pasado con una población que ahora vive, en promedio, por lo menos cinco años más de lo que vivía en el 96.

‒Decía usted que no se puede criticar el rumbo, pero sí la velocidad con la que se ha estado reformando el Estado. ¿Qué hacer en ese sentido?

‒Según el Índice de Desarrollo Humano, Uruguay está en el número 52 de 191 países. Hay 51 países que tienen un desarrollo humano superior al de Uruguay y de esos por lo menos 15 son países democráticos y pequeños con características similares a las nuestras. Uruguay podría aspirar a ir hacia [los índices de] esos países. En ellos se llevan adelante políticas como las que Uruguay intenta llevar, pero de mejor manera y más rápido. Entonces Uruguay tiene que profundizar en la gestión pública, la eficacia. El país hoy no tiene un problema de di seño, tiene un problema de ejecución. No veo que el próximo gobierno tenga que hacer grandes reformas, sino ejecutar mejor al Estado, que cumpla mejor su tarea y maximice la utilización de los recursos, porque tampoco hay nuevos recursos disponibles y sí hay necesidades para seguir atendiendo. Habrá que sacar recursos de algún lugar para poner en otro, pero no hay espacio ni para más deuda ni para más impuestos, y eso hay que tenerlo claro.