Construcción y obra pública: un escenario cada vez más desafiante

mayo 19, 2025

Los mecanismos de contratación de obra pública han cambiado en los últimos años, agregando complejidad a los proyectos y trasladando mayores riesgos a los contratistas. El tesorero de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ing. Daniel Vázquez, explica cómo estas condiciones afectan a la industria y qué medidas podrían ayudar a mitigar los desafíos.

Por María José Fermi

–Los mecanismos de contratación con el Estado han evolucionado en el último tiempo. ¿Qué de safíos implica este cambio para la industria de la construcción?

–Los contratos de obra se han ido sofisticando. Antes estaban más centrados en la ejecución, hoy incluyen ciertos aspectos que no necesariamente son exclusivos de la construcción del proyecto. Hay que considerar temas de medioambiente, de recursos humanos y, en algunos casos, también se incluye la financiación del lado del contratista. Ya no se trata de una contratación de una obra pública tradicional donde uno ejecuta, certifica y cobra. Esto resulta en la aparición de un nuevo jugador: el financiador. Ese financiador tiene mucho poder y toma ciertas medidas para que su inversión quede bien protegida, por lo que muchos de los riesgos se terminan trasladando al contratista. El contratista o toma esos riesgos o queda fuera del negocio. Prácticamente se convierte en un contrato de adhesión, porque no existen posibilidades de cambiar mucho las cláusulas.

–¿Qué genera esta nueva realidad?

–Lo que nosotros más estamos sufriendo en el sector de obra pública como empresas privadas es que las instalaciones muchas veces están prontas, se están utilizando y, por ciertas observaciones menores, no se terminan de dar los mecanismos de recepción y de los pagos asociados. Es muy duro. Se empantana la situación y nos excede la consecuencia que tiene.

–Muchas de estas obras, al ser de gran porte, exceden los periodos de gobierno. ¿Esto también afecta a los proyectos?

–Algunos de estos proyectos son de un horizonte más largo, por lo que pasan de una administración a otra. Es en este cambio de autoridades donde muchas veces se busca intervenir con aspectos que corresponden más a una visión política que técnica, lo que hace todo aún más difícil.

–¿Cuáles son las consecuencias de estos dos aspectos para las empresas constructoras nacionales?

–Estas son inversiones muy grandes, que además tienen todas estas condiciones que las hacen complejas. El margen en la industria de la construcción es uno muy fino y en el caso de las empresas nacionales es imposible considerar que tengan una espalda suficiente para sostener un flujo financiero negativo. Como Cámara estamos viendo con mucha preocupación estos temas. Particularmente porque a las empresas socias y nacionales les hace un daño tal que puede, inclusive, afectar la posibilidad de funcionamiento de una compañía. A su vez, existen empresas internacionales que pueden contar con un apoyo de los países extranjeros, con lo cual las nacionales quedamos en desventaja. Empezamos a perder la posibilidad de participación en el mercado local y perdemos competencia. Perdemos, también, el uso de buenos instrumentos, que a veces quedan bloqueados.

–¿Se refiere a mecanismos de Participación Público-Privada?

–Sí. Cuando hablamos de contra tos que incluyen la financiación por parte del contratista estos son más del tipo Participación Público-Privada. Estos, generalmente, no son ágiles porque hay muchos organismos que tienen que intervenir y como las obras exceden a un periodo de gobierno se generan trabas. Entonces, en ese camino se pueden hackear instrumentos válidos que podrían vehiculizar obras que el país necesita. Al final, el mercado queda solo para cierto tipo de contratos que los pueden encarar solo ciertas empresas extranjeras. Los instrumentos de financiación público–privada son muy válidos, pero hay que protegerlos, porque si se fracasa que dan bloqueados y no funcionan.

“Las empresas locales son un valor para el trabajo nacional y también son un recurso válido para desarrollar las infraestructuras que necesita el país”.

–¿Qué alternativas sugieren para trabajar esta situación?

–Como industria nos preocupa que, sobre todo cuando se trata de obra pública, no haya un actor que lidere el tema para poder salvar estos aspectos que muchas veces quedan empantanados en detalles muy técnicos. Si yo tengo una cierta infraestructura y la estoy utilizando es porque confío en que tiene la calidad y seguridad suficientes para los usuarios; que al final quede bloqueado el contratista y que no haya otros mecanismos es muy difícil. Y el impacto en la industria local y en el trabajo nacional es fuerte.

–¿Y en el caso de los proyectos de horizontes más largos?

La solución no es sencilla, pero se debería construir teniendo en cuenta un criterio más enfocado en una política de Estado; que, con las obras de más largo plazo, donde se le pide financiación al privado, no exista un quiebre cuando se pasa de un gobierno a otro por aspectos más políticos que técnicos. Esto se ría posible si existiera una especie de ventanilla única con un referente o líder que esté a lo largo de todo el proceso para supervisar que las cosas se lleven adelante, pero también que no termine todo en cancha del contratista. Se trata de tener una visión más país y no solo estrictamente financiera. De nuestro lado, no se trata de decir “tenemos la solución” sino poner el tema sobre la mesa para empezar a charlarlo.