De qué hablamos cuando hablamos de infraestructura
mayo 18, 2022
Por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay
Una reflexión acerca de los conceptos y alcances de la infraestructura, así como de la planificación e inversión que giran a su alrededor.
Algunas discusiones sobre el nivel de inversión en infraestructura dejan entrever que los actores les dan a ese término diferentes alcances. Por eso, parece conveniente precisar a qué nos referimos cuando hablamos de infraestructura.
Una primera definición, corriente entre los economistas, es que la infraestructura comprende todo el patrimonio físico y material que sustenta o viabiliza el desarrollo productivo de un país. Por tanto, mientras más desarrollada sea la infraestructura de un país, mayor será su capacidad productiva al tener menores costos de producción por facilitarse el transporte, las comunicaciones, la obtención de energía y otras actividades necesarias para producir.
Como se puede observar, el concepto es bien amplio y abarcativo; existen muchas clasificaciones de los distintos tipos de infraestructura, por lo que nos parece bueno mencionar una bastante básica que diferencia la infraestructura física o económica de la infraestructura social o de bienestar.
Considerando las restricciones fiscales que el país tiene y tendrá, recurrir al sector privado desarrollando alternativas de financiamiento para realizar más inversión en infraestructura es fundamental.
La infraestructura física o económica incluye carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, generación y distribución de energía, telecomunicaciones, etc., mientras que la infraestructura social o de bienestar incluye viviendas, saneamiento, agua corriente, escuelas, hospitales, espacios públicos, etc. Mientras los beneficios de la infraestructura física son claramente tangibles, los beneficios de la infraestructura social son más bien intangibles.
Como el lector también podrá observar, no se trata de conjuntos cerrados y aislados, sino que las infraestructuras físicas también tienen o pueden tener impacto social, y viceversa; un claro ejemplo de estos tiempos: el puente sobre el río Cebollatí que conecta con La Charqueada sería una típica infraestructura física, pero seguramente la razón de esta inversión esté mucho más del lado de lo social y de la equidad (cómo puede ser que en el siglo XXI el acceso de la gente de esa localidad sea a través de una balsa que cruza el río) que del impacto en el aumento de la productividad.
Pero hay otras clasificaciones muy importantes; como la que diferencia la infraestructura urbana(el 70% de la población mundial vive en las ciudades, por lo que la inversión en infraestructura urbana es de una relevancia significativa); o la infraestructura sustentable, a la que cada vez se le presta más atención, como pueden ser las energías renovables o la movilidad eléctrica, entre muchas otras.
EL CASO URUGUAYO
Algunas de las particularidades que tiene el caso uruguayo es que, en un país en que el Estado tiene una presencia superlativa, toda la infraestructura física (con alguna excepción en la generación eléctrica) es de propiedad pública, así como buena parte de la infraestructura social. Esta característica hace que la discusión sobre la inversión pública sea por demás relevante.
Los responsables públicos de la infraestructura son varios: uno de ellos es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que concentra toda la gestión de transporte (rutas, puentes, puertos, aeropuertos) pero, a pesar de su nombre, las demás inversiones públicas no pasan por esa cartera. La inversión en transporte se ha tonificado sobre finales de 2021 y principios de 2022, pero no es la misma realidad en todas las áreas de infraestructura.
Si nos fijamos en infraestructura urbana, donde la brecha de inversión para el desarrollo de las ciudades es importante (por ejemplo, Montevideo), entra a jugar –además– lo que corresponde a competencias de los gobiernos departamentales y del gobierno nacional, y el necesario entendimiento interinstitucional.
Considerando las restricciones fiscales que el país tiene y tendrá, recurrir al sector privado desarrollando alternativas de financiamiento para realizar más inversión en infraestructura es fundamental. Tal es el caso de las concesiones (aeropuertos, terminal de contenedores, alguna ruta, etc.), los proyectos PPA (Power Purchase Agreement) utilizados para la generación de energías renovables, los proyectos PPP (Participación Público-Privada), los nuevos Cremaf (Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiamiento) que aplicarán en algunas rutas, los fideicomisos, etc.
Pero para contar con una planificación estratégica en materia de infraestructura, que optimice recursos y aprendizajes, que desarrolle proyectos más eficientes, con una mirada de mediano y largo plazo sin las urgencias de los ciclos políticos, creemos esencial que el país avance en la institucionalidad de una Agencia de Infraestructura. En esta edición hay dos artículos en los que se comenta esta iniciativa, por lo que no nos extenderemos aquí. Y por otra parte, ayudaría a aclarar de qué hablamos cuando hablamos de infraestructura.
