Infraestructura: el país que viene
enero 24, 2025
Uruguay logró avances sustanciales en el desarrollo de la infraestructura durante la última década y, con ellos, la industria de la construcción vivió un proceso de notable evolución. Para discutir sobre los adelantos clave y los desafíos pendientes, charlamos con el vicepresidente y el vocal de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Marcos Taranto y Luis Gallo, respectivamente.
Por Carla Rizzotto
La infraestructura es un motor esencial para promover el crecimiento socioeconómico de un país. Dicho esto, más que sabido a estas alturas, en Construcción nos preguntamos cuáles fueron los logros y desafíos en el desarrollo de la infraestructura de Uruguay en los últimos diez años, y hacia dónde apunta a futuro. Para reflexionar al respecto, convocamos al vicepresidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y presidente de Stiler, Ing. Marcos Taranto, y al vocal de la CCU y presidente de Teyma, Ing. Luis Gallo.
“Uruguay ha logrado avances significativos mediante hitos que mejoraron tanto el crecimiento económico como la calidad de vida de la población. La transformación de la matriz energética, con un alto porcentaje de energías renovables, posicionó al país como un líder regional en sostenibilidad. A su vez, la modernización del sistema vial y ferroviario fue crucial para optimizar el transporte y la logística, mientras que las inversiones en infraestructura social mejoraron el acceso a servicios como la salud y la educación”, asegura el ingeniero Luis Gallo a modo de introducción.
Esto se traduce, según su colega Marcos Taranto, “en una industria de la construcción que viene acumulando un proceso de madurez que se refleja en todos los eslabones del sector y que se relaciona con la ejecución de proyectos cada vez más desafiantes, tanto públicos como privados”. Solo por citar algunos, en el sector privado, “las papeleras han sido un reto desde el punto de vista técnico, tecnológico, productivo, contractual y comercial. A nivel público, la ley de Participación Público-Privada (PPP) era prácticamente un espejismo para las empresas de la cámara y con los años pasó a ser moneda corriente”, detalla Taranto.

En todas las PPP, casi sin excepción, se vieron involucradas las principales empresas locales. “No solo como socias sino como motores principales, siendo la cárcel de Punta de Rieles la primera en ejecutarse bajo esta modalidad, pero luego las rutas 21 y 24, y los centros de enseñanza, entre otros proyectos. No nos olvidemos de los contratos Cremaf, otro mecanismo de innovación”, acota el vicepresidente de la CCU, quien no duda en afirmar que nos encontramos frente a una industria de la construcción “más desarrollada, más diversa en sus capacidades y con algo muy potente: cuenta con una gama de empresas uruguayas que están a la altura de los desafíos del Uruguay”.
Dentro de los modelos de contratación que han surgido para viabilizar proyectos de gran escala, Gallo menciona los contratos PPA (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés), vinculados a la compra de energía y que responden a otro esquema propuesto por UTE para llevar adelante la transición energética. “Ahí radica la fortaleza del sistema, que ha recorrido distintos caminos, algunos de manera independiente; entonces hoy en día tenemos un montón de decisiones aprendidas y un montón de herramientas que hay que capitalizar de forma eficiente con miras hacia delante”, acota Gallo.
“El desafío es seguir manteniendo todas estas opciones, además del contrato de obra pública convencional y el leasing (no muy frecuente, pero está presente), y continuar promoviendo la inversión privada”, admite Taranto. “Porque la construcción dejó de ser una industria meramente de ejecución para ser una industria de estructuración y que asume riesgos de mando, de disponibilidad y financieros. Entonces las empresas constructoras son mucho más de lo que conocimos a principios de siglo; son plataformas de negocios y servicios que operan en la industria de la infraestructura con una mirada integral”, agrega para dejar claro el rol de las compañías en el desarrollo de infraestructura.
Y cuando la industria crece y madura, derrama este impacto en el ecosistema que la rodea: estudios jurídicos, bancos locales, fondos internacionales, aseguradoras, entre otras entidades que han evolucionado de la mano del sector.
“¿Por qué construyo un puente acá y no una escuela? ¿Por qué hago un CAIF ahí y no un hospital allá? Eso se estudia, y el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura en general excede los ciclos gubernamentales”. Luis Gallo
EMPUJES E IMPULSOS
En este ida y vuelta, Taranto no quiere olvidar nombrar un motor quizás más silencioso que el resto en infraestructura, aunque de vital importancia: la vivienda. “El boom de la vivienda promovida ha sido uno de los motores del sector, y muy intensivo en mano de obra”, dice antes de entrar en detalle. “Hoy estamos con 57 mil personas, un muy buen guarismo, muy lejano al piso del post 2002 y algo distan te del pico de 2012. Pero cerrar un quinquenio con esa cifra es motivo de regocijo, sobre todo luego de finalizar las principales obras de inversión, como la pastera de UPM y el ferrocarril central”.
Si de hablar de recursos humanos se trata, otro mojón de la última década es haber continuado la no table evolución en materia de seguridad. Tanto es así que hoy en día ni se discute. “Es vital cómo se alinean los objetivos tanto de las empresas como de los sindicatos para coincidir en un mismo camino respecto de la seguridad. En esto se ha trabajado en conjunto para elevar el estándar de la industria y bajar la accidentalidad, que en su momento era bastante problemática”, reconoce Gallo.
Dentro del contexto latinoamericano, y salvando un par de aspectos a mejorar, como una cierta lentitud en la toma de decisiones, Uruguay es un país de vanguardia. “La ley de vivienda promovida de la cual hablaba anteriormente, la ley de concesión de obra pública, la ley de asociación público-privada e incluso la ley forestal son de vanguardia”, destaca Taranto, quien reitera la capacidad de la industria de estar a la altura de los escenarios nacionales justamente para poder insertarse en los internacionales.

En este sentido, “toda esa vorágine de expansión no solo crece hacia adentro; ya hay un lote de empresas que estamos trabajando fuera de fronteras, en el mercado paraguayo o peruano, y mirando a su vez otros destinos donde poder seguir exportando talento, conocimiento e ingeniería uruguaya a la región”, sostiene el vicepresidente de la CCU.
UN VIAJE, NO UN DESTINO
“Mirando hacia adelante, Uruguay tiene la oportunidad de consolidarse como un hub logístico en la región. El aumento del calado del puerto de Montevideo a 14 metros lo convertirá en una terminal portuaria de aguas profundas, por lo que ampliará significativamente su capacidad operativa. Este cambio va a requerir una preparación y adaptación del sistema logístico uruguayo para cubrir la demanda de carga, para lo cual será necesario planificar con tiempo y desarrollar nodos multimodales de conexión de los transportes terrestre, marítimo, ferroviario”, explica Gallo.
Al mismo tiempo, según el vocal de la CCU, el país debe abordar otras necesidades críticas como mejorar la infraestructura carcelaria para evitar la superpoblación y apuntar a la reinserción social de las personas privadas de libertad. Además, “debe expandir la cobertura educativa con instalaciones modernas en niveles clave como secundaria y enseñanza técnica. En agua y saneamiento debe concretar los proyectos en curso, en especial luego de la reciente crisis hídrica que demostró la vulnerabilidad del sistema metropolitano”, precisa el ingeniero.
“Como dicen los gringos, esto es un viaje, no un destino, por lo tanto, estamos siempre pedaleando. Entonces, en un país que apuesta a crecer más allá de los ciclos electorales llegó la hora de pensar en una institucionalidad mayor a nivel de infraestructura”, dice Taranto. “La infraestructura es como la pelota, diría Maradona, no se mancha; es decir que está por encima del ciclo coyuntural. Por eso desde la industria promovemos instancias institucionales, como la creación de una Agencia Nacional de Infraestructura, que permitan contar con un banco de proyectos y cuando llegue el actor político de turno, podrá priorizarlos en función de sus planes de gobierno, o de las preferencias o prioridades del ciclo económico de cada quinquenio”.
Cinco años resultan efímeros en la vida de un país. Por lo tanto, se vuelve prioritario ‒coinciden los ingenieros‒ lograr que la infraestructura tenga una gobernanza a través de una agencia nacional sin generar más burocracia sino con las estructuras que hoy existen. El ámbito de la Corporación Nacional para el Desarrollo, por ejemplo, podría brindarle al país esa mirada de largo plazo, mencionan.
¿En qué fase se encuentra esta propuesta? “Work in progress (trabajo en proceso)”, lanza Taranto, quien añade que tanto el actual gobierno como la oposición la consideran válida para Uruguay. “Pero como el país no suele tener gran velocidad para ejecutar las decisiones, caminamos a nuestro ritmo”, señala. Sin embargo, no tiene dudas de que se está avanzando hacia una institucionalidad que regule mejor la infraestructura y que brinde a los futuros gobiernos un portafolio de proyectos, una metodología de abordaje y equipos de gestión capacitados.
“La construcción dejó de ser una industria meramente de ejecución para ser una industria de estructuración y que asume riesgos de mando, de disponibilidad y financieros”. Marcos Taranto
Porque, a fin de cuentas, el objetivo es bajar la variabilidad: lejos de ser una caja de Pandora, un proyecto de infraestructura requiere estudios previos, de viabilidad social e impacto económico. “¿Por qué construyo un puente acá y no una escuela? ¿Por qué hago un CAIF ahí y no un hospital allá? Eso se estudia, y el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura en general excede los ciclos gubernamentales”, advierte Gallo.
“La planificación de los proyectos tiene dos componentes: la mirada pública y la mirada privada. La primera ‒a través de una Agencia Nacional de Infraestructura, por ejemplo‒, le permite al país conocer lo que se viene. Y la segunda nos permite a las empresas prepararnos para abordar lo: buscando los socios adecuados, capacitando nuestros recursos humanos, invirtiendo en maquinaria, generando capacidad financiera para poder invertir”, explica Taranto.
Pensar en el país a largo plazo también es el cometido del Consejo de Política de Infraestructura, impulsado por la CCU e integrado por las principales gremiales empresariales. Su fin principal es promover la inversión en infraestructura desde el sector privado, detectando los requerimientos y necesidades de los distintos rubros productivos y económicos del país.
Por sobre todo lo conversado, y no se trata de un dato menor, “en Uruguay tenemos la certeza de que las libertades individuales y las comerciales serán respeta das dentro de un marco jurídico garantista para todas las partes. Parece una tontería, pero es como tener o no tener agua potable, y eso es formidable en este país. Entonces con paz social y con garantías jurídicas podemos soñar el país que queramos”, cierra Taranto.