Vivienda: la urgencia impostergable
noviembre 26, 2025
En Uruguay, 220.000 personas viven en condiciones marginales de vivienda: 214.000 lo hacen en asentamientos irregulares, 3.000 duermen en la calle y 3.000 habitan en circunstancias infrahumanas dentro de las cárceles. La Cámara de la Construcción del Uruguay convocó a actores públicos y privados, entre los que estuvo la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, para discutir soluciones concretas al respecto. En ese marco, el economista Ignacio Munyo presentó una propuesta que requiere 3.750 millones de dólares en cinco años para atender a esta población vulnerable.
Por María José Fermi
La realidad es contundente: mientras que, en la última década, Uruguay ha invertido hasta mil millones de dólares anuales en carreteras, destina menos de la mitad de esa cifra a vivienda pública. Esta comparación, presentada por el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Ing. Alejandro Ruibal, sirvió como punto de partida del evento “La infraestructura del desarrollo: La deuda pendiente en vivienda”.
Celebrado el 21 de agosto en el hotel Sofitel Montevideo, el encuentro tuvo como objetivo dimensionar el problema habitacional del país y proponer mecanismos de financiamiento para atenderlo. La jornada se enmarcó en los debates sobre infraestructura que impulsa la gremial con los que busca aportar datos técnicos para la toma de decisiones en temas claves del país.
“El debe más grande en Uruguay es que no le damos techo digno a toda la población del país. Y eso es desgarrador”, afirmó Ruibal ante una nutrida concurrencia que incluyó a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, legisladores y represen tantes de diversos sectores.
El presidente de la gremial explicó que esta iniciativa busca la “sensibilización” y “concientización” sobre un tema que considera fundamental para el desarrollo del Uruguay. “Tenemos que buscar recursos, tenemos que buscar proyectos, tenemos que buscar herramientas, o mejor dicho, utilizar la caja de herramientas que el país ya tiene”, señaló, anticipando que las propuestas del encuentro exceden el corto plazo y la discusión presupuestal actual.
El evento se dividió en tres partes. En una primera instancia, participaron de una mesa de discusión el exintendente de Ca nelones, Dr. Marcos Carámbula, y el sacerdote Juan Andrés Gordo Verde. Luego, el economista Ignacio Munyo realizó una presentación llamada “Vivienda, Marginalidad y Futuro” donde analizó la inversión necesaria para acabar con esta brecha. Finalmente, el evento cerró con las palabras de la jerarca del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro.
LA DIMENSIÓN HUMANA DEL PROBLEMA
El intercambio entre el exintendente de Canelones y exsenador, Dr. Marcos Carámbula, y el sacerdote Gordo Verde aportó la perspectiva humana al debate técnico. Ambos referentes, con amplia experiencia en el trabajo territorial, coincidieron en situar la vivienda como base fundamental para el desarrollo integral de las personas.
“El derecho a la vivienda es un pilar fundamental del desarrollo”, sostuvo Carámbula, quien enfatizó que “no podemos abordar este tema si no lo hacemos en forma conjunta y como sociedad”. El exsenador dio como ejemplos a tener en cuenta la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre ‒más conocida como Mevir‒ y los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), iniciativas públicas donde actúa el Estado, pero “al mismo tiempo se tiene una autonomía de participación ciudadana extraordinaria”.
En ese sentido, el exsenador insistió en la necesidad de un acuerdo transpartidario que involucre al MVOT, el Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos públicos, así como a las empresas privadas y la sociedad civil.
Por su parte, el Gordo Verde ‒quien a través de la Asociación Cirineos ha construido 42 viviendas transitorias en dos años junto a la Intendencia de Canelones‒ compartió testimonios que ilustraron el impacto transformador de acceder a un hogar digno. “Juli es una niña que pasó 11 años viviendo en un rancho de lata. Cuando le llegó el hogar container, la primera vez que se fue a duchar, salió gritando ‘mamá, se incendia’. Se refería al vapor del agua que salía de la ducha”, relató. “Y estoy hablando de una vivienda transitoria con carácter progresivo, ¡imagínense lo que puede llegar a cambiar una vivienda definitiva!”.
La intervención de Verde concluyó haciendo hincapié en cómo la infraestructura básica impacta en la dignidad y las oportunidades de desarrollo de las personas. “La vivienda es la base: la base para que el niño pueda estudiar; la base para que el adulto pueda salir a laburar”, dijo.
Según el compromiso asumido por Uruguay con la Agenda 2030, para ese año se debe asegurar el acceso de todas las personas a viviendas de servicios básicos adecuados, seguros y asequibles.
LA PROPUESTA TÉCNICA
La presentación del economista Ignacio Munyo se centró en el “análisis de la inversión necesaria para saldar una deuda pendiente del Uruguay” cuantificando el desafío y proponiendo soluciones concretas. Para comenzar, explicó que son cerca de 220.000 personas las que habitan en condiciones marginales de vivienda en Uruguay: 214.000 en asentamientos irregulares, 3.000 en situación de calle y 3.000 en cárceles en condiciones infrahumanas. Entre ellos hay más de 110.000 niños y adolescentes. “
Uruguay, desde setiembre del 2015, se comprometió con la Agenda 2030”, recordó Munyo, al citar que la meta 11.1 establece “para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas de servicios básicos adecuados, seguros y asequibles”. El economista subrayó que este acuerdo fue ratificado tanto por el gobierno actual como por la oposición en sus programas de campaña.
El diagnóstico de Munyo reveló que “en los últimos veinte años se atiende el flujo permanente de nuevas necesidades, pero no se ha podido reducir el stock permanente de casi 200.000 personas”. Para revertir esta situación, propuso construir 12.000 viviendas anuales durante cinco años, “arriba de lo que ya se hace”, con servicios básicos completos y ubicaciones adecuadas para el acceso a salud, cultura y deporte. La inversión anual sería de 750 millones de dólares.
La propuesta incluye métodos constructivos no tradicionales para acelerar los tiempos de ejecución. “Para 2026 hay que innovar. La construcción tradicional no da los tiempos para ya tener 12.000 viviendas prontas el próximo año”, explicó. La solución podría incluir materiales como paneles de SMC (compuestos de resina, poliéster y fibra de vidrio) que permiten construcción sin obra húmeda y tienen “altísima durabilidad, son totalmente impermeables, resisten el fuego, y tienen buena aislación térmica y acústica”.
En Uruguay existen 667 asentamientos irregulares, que equivalen a unos 60.000 hogares. El crecimiento anual es de 4%; es decir, la cifra aumenta en 2.400 hogares por año.
FINANCIAMIENTO Y RETORNO SOCIAL
Pero, ¿cómo se financiaría toda esta inversión en infraestructura social? El costo total del programa planteado por Munyo ascendería a 3.750 millones de dólares en cinco años, incluyendo 3.000 nuevas plazas penitenciarias. El economista propuso financiarlo mediante “un programa multianual de emisión de bonos soberanos sociales y préstamos de organismos multilaterales”, aprovechando la ruta exitosa de Uruguay con los bonos verdes.
“Uruguay tuvo una experiencia buena en octubre del 2022 cuando emitió su primer bono sostenible sujeto a metas ambientales por 1.500 millones de dólares, con una demanda que fue de 4.000 millones”, recordó. Luego sugirió que el país podría emitir 700 millones de dólares anuales para este programa social siguiendo la misma fórmula.
La administración de los recursos ‒propone Munyo‒ debe ser independiente del presupuesto nacional, y es posible a través del ya existente Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU), del cual son fideicomitentes el MVOT, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (por su vinculación a colonización). El FISU tiene “como finalidad específica la construcción de viviendas” y esto “ya es un avance, no hay que ponerse a crear un nuevo fideicomiso”.
Munyo también argumentó que la inversión realizada tendría un retorno significativo. Calculó impactos positivos en salud (900 millones de dólares en ahorros a veinte años), educación (1.000 millones por mejoras en rendimiento académico de 110.000 menores), empleo (1.600 millones por aumento del 15% en ingresos laborales) y reducción de reincidencia delictiva (más de 1.000 millones por 36% menos reincidencia).
“Las ganancias son ampliamente superiores a la inversión necesaria para poder cumplir con esta deuda pendiente del país”, concluyó Munyo, quien definió su propuesta como “ambiciosa, pero urgente y pragmática”.
EL COMPROMISO OFICIAL
La ministra Tamara Paseyro cerró el evento reconociendo la magnitud del desafío y confirmando el compromiso gubernamental. Citó datos del último censo que muestran más de 40.000 viviendas con hacinamiento, 23.000 hogares sin espacio adecuado para cocinar y 46.000 viviendas que acceden al agua potable desde fuera del hogar.
“Cuando hablamos de emergencia habitacional, no hablamos solamente de déficit de vivienda. Hablamos de derechos, hablamos de dignidad y hablamos de futuro”, declaró la ministra. Paseyro, además de los planes ya establecidos como Juntos y Avanzar, anunció cuatro líneas de acción prioritarias: atención a situaciones de emergencia crítica, el programa “Crece desde el pie” para primera infancia, el programa “Más Barrios” para mejorar convivencia, y soluciones para jóvenes que egresan de sistemas de protección.
Paseyro insistió en la necesidad de participación de todos los actores sociales. “La magnitud de la emergencia nos obliga a convocar a todos los sectores de la socie dad”, dijo. A la academia le pidió “herramientas rigurosas para medir el impacto de la política pública”; al sector privado, “propuestas constructivas sostenibles adaptables a la realidad de nuestro país”; y a los gobiernos departamentales, aprovechar su “mirada más cercana sobre esa realidad del territorio”.
“Este desafío no se resuelve con la acción de un solo ministerio, no se resuelve con la acción sola mente del gobierno”, concluyó. “La emergencia habitacional, que es una deuda del país, requiere de un compromiso nacional. No alcanza con discursos, necesitamos hechos, necesitamos cooperación real, decisiones valientes y creativas”.
El evento de la CCU logró poner cifras concretas a un problema estructural y abrir la caja de herramientas: bonos sociales, fideicomisos existentes, innovación constructiva y coordinación territorial. El desafío, ahora, es pasar de los números, las propuestas y la sensibilización a la acción.
