“Apuntamos a resolver cuestiones que afectan nuestro clima de negocios: burocracia y tiempos”

enero 16, 2026

La futura directora de la nueva Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, Isabella Antonaccio, habla sobre la estrategia del gobierno para jerarquizar la política de inversiones en Uruguay, destrabar la burocracia y atraer proyectos en sectores estratégicos como energía, tecnología, logística y agronegocios.

Por Alejandra Pintos

A casi un año de la asunción del nuevo gobierno, encabezado por Yamandú Orsi, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció una batería de medidas enfocadas en promover las inversiones en el país. Entre ellas se destacó la creación de una nueva unidad ejecutora que reunirá a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) y la Dirección Nacional de Zonas Francas: la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (Dinaii).

Al frente de esta unidad estará la economista Isabella Antonaccio, quien se desempeña como directora nacional de Zonas Francas hasta que la Dinaii sea puesta en marcha como parte de la nueva Ley de Presupuesto.

La creación de esta nueva institucionalidad responde a un diagnóstico claro: Uruguay cuenta con buenas herramientas para promover la inversión, pero necesita mayor coordinación interinstitucional, procesos más ágiles y una visión estratégica de largo plazo. Con más de 4.000 proyectos sin resolver bajo el régimen Comap y un contexto regional cada vez más competitivo, el desafío es grande. Antonaccio ‒especialista en promoción de inversiones y en temas de ciencia, tecnología e innovación‒ tiene la tarea de transformar la manera en que Uruguay se posiciona frente a los inversores internacionales.

‒¿Cuál es el propósito de la Dinaii?

‒Si bien mi cargo actual es el de directora nacional de Zonas Francas, desde el inicio el plan era pensar en algo más amplio y más potente. Tenemos tres grandes pilares en el gobierno: crecimiento económico, mejora de la matriz de convivencia social y seguridad. El objetivo de la Dinaii está vinculado al primer pilar y se relaciona con la estabilidad macroeconómica y el incentivo a la inversión privada. Desde el comienzo empecé a trabajar con esa mirada. En la interna de la Comap pudimos hacer cambios, nombrar a personas de nuestra confianza y modificar la operativa, con una participación más institucional dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en ámbitos donde la inversión juega un rol importante.

El objetivo de esta dirección es jerarquizar la polí tica de inversiones dentro del MEF y que cualquier inversión privada entienda que ahí es el ámbito donde tiene que acudir. Por otro lado, tener una mirada del resto del espectro político. Estamos trabajando muy bien y de manera coordinada con otros ministerios que también son parte de un proyecto de inversión (Ambiente, Ganadería, Transporte). También hay una coordinación con el sector privado para entender cuáles son sus demandas, por dónde van sus necesidades de inversión o sus necesidades de mejora del clima de negocios, y trasladárselas al resto del sector público para tener una política pública alineada.

‒Uruguay cuenta con diversas herramientas para financiar infraestructura: PPP, Cremaf, obra pública tradicional, concesiones. Desde su nueva posición en la Dinaii, ¿cómo evalúa la efectividad actual de cada una para proyectos de infraestructura y cuáles considera que deberían potenciarse?

‒Creemos que Uruguay tiene una muy buena batería de herramientas para promover la inversión. Son distintas y a su vez se complementan. Entendemos que la propuesta de valor país es sólida. Los inversores extranjeros que ya están instalados en Uruguay, al ser encuestados, lo que más destacan es el clima de negocios asociado a la estabilidad y a la seguridad jurídica, y eso lo tenemos que preservar. En un tercer nivel aparecen los incentivos fiscales que tiene Uru guay. Esa batería muy amplia de distintos incentivos a veces se puede yuxtaponer y a veces no. La idea es “mirar toda la película”. Hoy Uruguay tiene un buen marco de incentivos a la inversión. Combinamos regímenes más grandes y genéricos como la Ley de Zonas Francas o la Ley de Promoción de Inversiones, y después hay algunos instrumentos muy específicos, como el régimen de puerto y aeropuerto libre, que para las empresas que están insertas en una cadena de suministro es importante. Y después consideraciones más específicas y sectoriales.

‒¿Y específicamente en infraestructura?

‒Está la vivienda promovida, o los proyectos Comap de gran dimensión económica, o las Participaciones Público-Privadas (PPP), Cremaf y PPA (Power Purchase Agreement, para la parte más energética), que son más un mecanismo de financiamiento que un incentivo a la inversión. Después hay una empresa privada que es la que forma parte de ese acuerdo con el gobierno para desarrollar una infraestructura que es pública y que invierte. La visión que tenemos en esta administración es la de aprovechar estos instrumentos de la mejor manera. Hay un equipo dentro del ministerio que está viendo cómo esto puede impactar en nuestras cuentas públicas, porque hoy todo lo que pasa en el espectro de PPP y Cremaf está por fuera de lo que vendría a ser el perímetro fiscal.

Isabella Antonaccio es economista especializada en promoción de inversiones y en temas de ciencia, tecnología e innovación, con trayectoria en el sector privado y público.

‒En conversación con Forbes mencionó que al asumir encontraron más de 4.000 proyectos pendientes de recomendación desde el año 2020. ¿Qué implicancias tiene este rezago?

‒En contexto, esto se refiere al instrumento Comap dentro de la Ley de Promoción de Inversiones. Hemos tenido distintos decretos que le fueron dando un marco: el de 2007, 2012, 2018 y el de 2020, que es el que funciona actualmente. Se emitió en pleno contexto de pandemia, en un momento supercrítico para nuestra economía, y por eso fue más laxo. Lo que generó fue que pasamos de tener en promedio una presentación anual que rondaba los 400 o 500 proyectos de inversión por año, a superar los 1.200 anua les. Eso generó un cuello de botella muy grande que no se logró resolver.

Como administración, lo primero que tenemos que hacer es dar una respuesta ágil a quien presenta un proyecto de inversión. El propio decreto prevé que, ante posibles retrasos, la empresa puede iniciar la realización del proyecto pasados 90 días hábiles simulando lo que sería la exoneración que recibiría. Pero es verdad que estamos omisos, porque no nos hemos expedido en relación a proyectos que se presentaron hace tres o cuatro años. Tenemos más de 4.000 proyectos sin una recomendación o sin una no recomendación. No es una cuestión de falta de equipo, sino de revisar procesos y hacer las cosas de forma diferente.

Hoy estamos apostando mucho a las ventanillas únicas, que ya tenemos desarrolladas con tecnología que nos permite interoperar y hacer controles mucho más fáciles con otras dependencias. Y por otro lado, un motor de inteligencia artificial que nos permite hacer un análisis preliminar mucho más rápido. No es que vamos a ser menos exhaustivos, sino que vamos a aprovechar herramientas que hoy tenemos, y por otro lado, hacer especial énfasis en el control ex post, es decir, el seguimiento y el monitoreo de los proyectos.

‒La burocracia es justamente algo que se le critica a Uruguay desde el sector empresarial.

‒Sí, y eso impacta mucho en el clima de negocios de Uruguay. Algo que suele decir el ministro Oddone ‒y que comparto‒ es que Uruguay es un país chico y nunca va a ser un país barato. Partimos de la base de que somos un Estado fuerte, que brindamos salud, educación, seguridad, y como país hemos elegido ir por esa senda. Entonces, asegurar la prestación de servicios en un país de 3 millones puede llegar a ser casi tan caro como para un país de 6 millones. Pero sí lo que tenemos que buscar es, dentro de ese contexto, las mayores eficiencias. Estamos apuntando mucho a resolver cuestiones que de alguna forma afectan nuestro clima de negocios. Burocracia y tiempos, por ejemplo. Ahí tenemos un equipo que se ha tomado el tiempo de tener reuniones y hacer un análisis muy pormenorizado con referentes del sector privado, con referentes de la academia y centros de estudio, con referentes del sistema político, para poder entender cuáles son esas trabas a la hora de hacer negocios en Uruguay. Para entender si armamos una agenda de reformas microeconómicas para poder atender estos problemas, por dónde deberíamos encaminarla. La primera batería de medidas, orientada al comercio exterior, se anunció en junio; luego, en agosto, las asociadas a inversiones, y muchas están plasmadas en la Ley de Presupuesto.

‒La vivienda promovida ahora pasa a la Dinaii. Considerando el déficit habitacional del país, ¿qué tipo de proyectos habitacionales priorizarán y cómo se coordina esto con la infraestructura urbana necesaria?

‒Separamos aguas en lo que tiene que ver con la vivienda promovida, no porque dejemos de interactuar, sino porque entendemos que hay una parte de la vivienda en la cual el objetivo que tiene detrás es la inversión. Esa inversión luego se constituye en una solución habitacional para distintas poblaciones, dependiendo de dónde esté ubicada y cuál sea el producto arquitectónico. Pero quisimos separar y establecer que el Ministerio de Vivienda y Ordena miento Territorial tiene como prioridad la accesibilidad a la vivienda, con especial foco en aquella población que hoy tiene mayores problemáticas o en aquellos territorios del país donde hay mayores dificultades. Nosotros, desde Economía, tenemos un objetivo que parte de entender que la vivienda es un vehículo muy importante en la inversión privada en nuestro país y que genera mucho empleo.

“Buscamos una coordinación con el sector privado para entender cuáles son sus demandas, por dónde van sus necesidades de mejora del clima de negocios”. Isabella Antonaccio, MEF

‒¿Qué otros puntos de dolor tienen los inversores privados en Uruguay y cómo creen que pueden facilitar la concreción de proyectos?

‒Algo que tenemos que tener más afinado es una coordinación pública-pública. Venimos trabajando bastante, pensando cuáles son las definiciones políticas de por dónde queremos que vaya la inversión privada. A qué tipos de proyectos de inversión o qué actividades nosotros vamos a estar dispuestos a darles incluso mayores incentivos que los que hoy tenemos. Hay una especie de agenda que es parte de un consenso político. Entonces nuestro rol es que estas inversiones privadas, a las que les vamos a dar los mayores incentivos, se concreten. Por ejemplo, si se incentiva el sector ciencias de la vida o biotecnología, ¿cuáles son las contrapartes para que estos proyectos se concreten? ¿Tienen que hacer registros en el Ministerio de Salud Pública? ¿Tienen que tener permisos ambientales? Si efectivamente queremos que se concrete todo eso, nosotros tenemos que dar respuestas que sean armoniosas con el objetivo. En Uruguay eso debería ser sencillo que suceda, aunque somos también un país muy garantista, y eso a veces hace que nuestra velocidad sea un poco más lenta.

‒¿En qué áreas les interesa que haya inversión privada?

‒Una es todo lo que tiene que ver con energía. Hidrógeno verde es lo que está resonando más, pero también otras fuentes de energía renovable como eólica, biomasa y fotovoltaica. Por otro lado, en tecnología. Uruguay ha generado un buen desempeño, por ejemplo, con esta inversión grande de Google con un data center. Creemos que estamos en condiciones para poder atraer otras inversiones similares de data centers. Sabemos que ahí especialmente hay oportunidades de inversión que son interesantes y que Uruguay ofrece buenas ventajas, como la conectividad, la energía, pero también lo que es la Ley de Protección de Datos, donde Uruguay tiene un muy buen marco y está en los mejores estándares a nivel internacional, junto con Chile, en la región.

Energía renovable, data centers, la hidrovía con Brasil y Bolivia, servicios globales y riego son algunas de las áreas donde podría incentivarse la inversión privada.

‒Estos data centers de gran escala, además, requieren mucha infraestructura más allá del complejo en sí.

‒Exacto. Si va a ser un alto consumidor de energía, nos planteamos cómo hacemos para que, de alguna forma, también asuma la inversión en infraestructura y no parta de una inversión pública. Que todo provenga del sector privado de alguna forma.

‒¿Y hay alguna otra área?

‒En el área de lo que tiene que ver con logística, como puertos, estamos viendo que hay oportunidades interesantes, sobre todo con lo que tiene que ver con la hidrovía, desde Bolivia y Brasil. Hay interés del sector privado por generar inversiones en esa área, pero, por otro lado, nosotros también tenemos un espacio ahí de mejorar lo que es la infraestructura tanto portuaria como logística. Y después hay un gran tema, que es el área de servicios globales, donde Uruguay tiene muy buenas condiciones y casos de éxito. Y el último, pero no el menos importante, y donde se está poniendo muchísimo enfoque, tiene que ver con recursos naturales, agronegocios y el riego. Ahí estamos haciendo mucho foco. Se creó una comisión especial que coordina Tabaré Aguerre y hay expectativa de que eso también traiga inversión, pero con el foco de aumentar la productividad del agro.