Arquitectura

Foto: Presidencia

La fórmula canaria para destrabar permisos

enero 16, 2026

Con una ventanilla única y un sistema de seguimiento por proyecto, Canelones busca agilizar sus habilitaciones. El departamento reconoce avances, pero también algunos pendientes y puntos de mejora en normativa, movilidad y control ambiental.

Por Manuella Sampaio

En Uruguay, donde “hacer un trámite” suele asociarse a demoras, Canelones aparece con frecuencia como un caso distinto. La percepción generalizada es que allí los permisos ‒incluidos los vinculados a vivienda y desarrollos inmobiliarios‒ avanzan más rápido. Pero detrás de esa reputación que el departamento se ha ganado conviven políticas activas, decisiones administrativas, inversiones sostenidas y también desafíos no resueltos.

El actual intendente, Francisco Legnani, lo cuenta desde la experiencia de veinte años dentro de la gestión canaria. Fue director de Servicios Jurídicos, prosecretario y secretario general antes de llegar a la conducción del departamento. Vio, desde adentro, cómo los tiempos se acortaron y cómo un cambio organizacional alteró la lógica habitual. “Las inversiones llegaban por distintas ventanillas y muchas veces se demoraban en el mundo municipal. Por eso creamos una ventanilla única para todos los trámites de inversión”, cuenta.

Intendente de Canelones, Francisco Legnani. (Foto: José Ignacio Gastañaga)

La lógica fue reorganizar la administración, no multiplicarla. Desde entonces, explica, “cualquier proyecto entra por la misma puerta y un funcionario lo sigue en todo su recorrido hasta la habilitación”. Ese seguimiento, que se define en una reunión técnica semanal, apunta a ordenar expedientes que antes podían dispersarse entre oficinas y demorar meses adicionales.

El sistema funciona en el edificio de la Ruta 101, en el Parque de la Ciencia. Allí se analiza si los proyectos cumplen con la normativa y se orienta al inversor sobre cómo presentar su expediente. “Le decimos cómo ingresarlo para evitar observaciones que lo frenen. Para el privado, el tiempo es plata”, resume Legnani.

La pregunta que surge es si ese modelo es suficiente para explicar la agilidad asociada al departamento. Y la respuesta es en parte un sí, aunque también intervienen otros componentes, como políticas de infraestructura, ordenamiento territorial, estabilidad institucional y un contexto de crecimiento demográfico que presiona para que los mecanismos administrativos funcionen.

INVERSIONES, TERRITORIO Y EL LARGO PLAZO

Entre 2015 y 2020, Canelones captó 5.481 millones de dólares en inversión privada. Dos tercios fueron desarrollos inmobiliarios, visibles en la expansión de Ciudad de la Costa y otros sectores del eje metropolitano. El crecimiento poblacional ‒13% en una década‒ complejiza la ecuación, ya que alienta la construcción pero también tensiona servicios e infraestructura.

A esto se suma un ordenamiento territorial considerado robusto por algunos especialistas. Los suelos están clasificados y la intendencia ha insistido en que no se habilitarán proyectos que contradigan esa planificación. “Si me presentan un emprendimiento residencial en zona industrial, digo que no; y si quieren poner un parque logístico en una zona residencial, también”, detalla Legnani. Ese criterio técnico y básico funciona como filtro y también como mensaje claro de que la agilidad no implica habilitar cualquier cosa.

El intendente también menciona un factor más amplio: “Un activo de Uruguay es la seguridad jurídica. Cambian los gobiernos, pero las reglas no cambian”. En su visión, esa previsibilidad explica parte del interés privado en radicarse en Canelones, especialmente en los ejes de la Ruta 101 y la Ruta 5, hoy polos de inversión logística, industrial y comercial.

Sin embargo, la expansión territorial también enfrenta limitaciones. En Atlántida, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario está prácticamente detenido por falta de saneamiento. La intendencia optó por tomar un préstamo de 50 millones de dólares y transferirlo a OSE para que ejecute la obra. La apuesta, dice Legnani, es que la inversión “vuelva” luego en nuevas contribuciones inmobiliarias.

Entre 2015 y 2020, Canelones captó 5.481 millones de dólares en inversión privada. Dos tercios fueron desarrollos inmobiliarios, visibles en la expansión de Ciudad de la Costa y otros sectores del eje metropolitano.

LO QUE QUEDA POR AJUSTAR

Aunque Canelones es percibido como uno de los departamentos más ágiles, la intendencia reconoce que aún hay espacio para mejorar. “Queremos bajar los tiempos de gestión. No puede ocurrir que un contribuyente o un inversor se vaya molesto o con desánimo porque no encontró respuesta”. Para lograrlo, trabajan en la simplificación normativa, con el objetivo de eliminar laberintos legales y evitar que trámites pequeños enfrenten la misma complejidad que proyectos de gran porte. A esto se suma la incorporación de inteligencia artificial y la digitalización de procesos, una estrategia que busca automatizar tareas rutinarias y liberar tiempo técnico para las etapas que realmente requieren análisis especializado.

En paralelo, el departamento avanza en la ampliación de la ventanilla única, con planes de instalar una segunda oficina en la Ruta 5, donde se concentra un nuevo eje de crecimiento logístico e industrial. La expansión responde a la demanda creciente de proyectos y al convencimiento de que la combinación entre eficiencia administrativa e infraestructura seguirá atrayendo inversiones.

El desafío, admite la intendencia, es escalar un modelo pensado para cierto volumen de proyectos a uno capaz de absorber la aceleración actual del departamento.

Parque de las Ciencias en la Ruta 101. (Foto: Parque de las Ciencias)

CRECER SIN PERDER CONTROL

La eficiencia administrativa convive con la necesidad de evitar que la agilidad derive en riesgos ambientales o urbanísticos. Según Legnani, los viernes ‒cuando se analizan los proyectos‒ se descartan propuestas que violan el ordenamiento territorial o generan impacto en áreas sensibles.

“Si va a tener impacto sobre la faja costera, es un no”, dice. El énfasis está en actuar antes de que los expedientes circulen. El mecanismo permite ordenar la carga administrativa y evitar trámites que luego serían observados en cadena. Pero también coloca a la intendencia en un rol cada vez más activo de fiscalización técnica.

Por otro lado, la habilitación de proyectos, sobre todo viviendas, no puede analizarse sin el tema que domina la agenda metropolitana: la movilidad. Desde y hacia Monte video, entran y salen diariamente, solo en ómnibus, 16.000 personas. Un gran número de ellas habitan en Canelones. Sin una solución regional, se corre el riesgo de que la expansión inmobiliaria desborde la capacidad de las vías actuales.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, junto con ambas intendencias, trabaja en definir un sistema metropolitano que podría incluir trenes, buses rápidos o incluso alternativas aéreas similares a las de Porto Alegre, detalla Legnani. Los pliegos saldrían el año próximo.

La coordinación entre gobiernos también aparece en seguridad. La intendencia tomó un rol complementario e instaló un centro de monitoreo con 1.800 cámaras y se comprometió a ampliar la red a 3.000 dispositivos. Es parte de una estrategia para atender demandas ciudadanas que, aunque no siempre son competencia municipal, inciden en la percepción de gobernabilidad. “No pretendemos sustituir una política nacional, pero sí trabajar en términos complementarios, y en eso estamos”, comenta el intendente.

“Las inversiones llegaban por distintas ventanillas y se demoraban. Por eso creamos una ventanilla única para todos los trámites de inversión”. Francisco Legnani, intendente de Canelones

UNA POLÍTICA PÚBLICA EN CONSTRUCCIÓN

Cuando se le pregunta qué distingue al modelo canario, Legnani opta por una síntesis: “Estamos trabajando en bajar los tiempos, simplificar la normativa e incorporar tecnología. Canelones es un departamento atractivo y nuestro mensaje es que los inversores vengan porque los vamos a estar esperando”.

Pero detrás del entusiasmo hay una certeza más amplia. La gestión de permisos ‒esa que suele complicarse en Uruguay‒ debe ser una herramienta para fiscalizar, pero también impulsar el desarrollo, no un obstáculo para quienes quieren invertir, construir o vivir en el país.

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