Inversión privada: motor que impulsa

enero 24, 2025

La última década en Uruguay estuvo marcada por grandes obras, que llegaron de la mano de una fuerte inversión privada en infraestructura e industrias. Ahora, el sector de la construcción mira hacia el futuro y ve con optimismo al hidrógeno verde en el horizonte.

Por Alejandra Pintos

Se estima que, en los últimos cinco años, la inversión en obras de infraestructura en Uruguay fue de US$ 11.700 millones. Poco más de la mitad de esa cifra corresponde a modalidades que involucran el financiamiento privado, como los proyectos de participación público-privada (PPP), los contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento (Cremaf) y las obras hechas por privados bajo contratos de concesión.

Estos más de diez millones represen tan entre un 3% y 4% del Producto Bruto Interno (PBI), un volumen similar —en términos del producto— al del quinquenio anterior. En contratos de Participación Público Privada (PPP), unos US$ 1.700 millones corresponden a la construcción de carreteras y proyectos ferroviarios, US$ 750 millones a contratos de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial dentro de la faja de dominio público (Cremaf) y US$ 200 millones a la construcción de centros educativos.

Los datos fueron brindados por el economista de la consultora Exante, Pablo Rosselli, en base a las cifras presentadas por el gobierno en la rendición de cuentas, en el marco de un encuentro organizado por la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic) el pasado setiembre.

Queda claro, entonces, que el rol de los privados fue fundamental para la creación de infraestructura. Y además, la infraestructura fue creada, en muchos casos, para acompañar grandes obras como las plantas de celulosa que, a su vez, fueron un empuje monumental para la industria de la construcción.

El consejero de la CCU y director de la empresa MTA Ingeniería, Alfonso Carrau, coincide con esta apreciación. “En los últimos 10 años, la inversión privada en construcción en Uruguay fue muy importante. Sobre todo, en contraste con décadas anteriores.

La inversión de UPM fue histórica, el Ferrocarril Central, la inversión en energía eólica y fotovoltaica, las PPP tanto educativas como viales… los ejemplos sobran”, afirmó en conversación con la revista Construcción.

Como ejemplo, el proyecto de la última papelera de UPM ‒que incluyó la construcción de una planta en Durazno y también una terminal portuaria especializada en Montevideo‒ requirió una obra de tres años con un pico de 7.000 trabajadores y demandó la mayor inversión en la historia del país: 3.470 millones de dólares, monto aportado por capitales privados.

Estas obras millonarias han tenido un fuerte impacto en el sector, aumentando las tasas de empleo y ofreciéndole a las empresas la posibilidad de desarrollarse, desafiarse e innovar en tecnología. El reto, ahora que las grandes obras han llegado a su f in, es que las inversiones sigan apareciendo.

PROS Y CONTRAS

Para Carrau, estos años de bonanza fueron consecuencia de varios factores que generaron un contexto favorable para el país: inestabilidad en Argentina, problemas políticos en Brasil, guerra en Europa, tasas de interés bajas que resultaron en inversiones, entre otros. Algunos de ellos continúan, pero otros se modificaron, poniendo un signo de interrogación sobre Uruguay como país que capta inversiones.

Sin embargo, aún hay ventajas que lo vuelven un destino atractivo para los capitales privados. “Uruguay tiene una cantidad de aspectos muy buenos, sobre todo una seguridad jurídica que en otros países de la región no hay”, sostuvo Carrau.

De todas formas, aunque la seguridad jurídica suma ‒y mucho‒ no es lo único, y Uruguay presenta grandes desafíos, sobre todo en cuanto a la competitividad dados sus altos costos, a lo que se suma el atraso cambiario, la alta carga impositiva, los niveles de productividad y la propia naturaleza de ser un país chico. Carrau señala a Chile y Paraguay como dos destinos de la región que compiten a la hora de captar inversores.

“En los últimos 10 años, la inversión privada en construcción en Uruguay fue muy importante. Sobre todo, en contraste con décadas anteriores. La inversión de UPM fue histórica, el Ferrocarril Central, la inversión en energía eólica y fotovoltaica, las PPP tanto educativas como viales… los ejemplos sobran”. Alfonso Carrau

Otro obstáculo que señala el empresario es la burocracia, que enlentece los procesos y testea la paciencia de los capitales extranjeros y nacionales. Por ejemplo, por habilitaciones que tienen que ver con temas ambientales y de uso del suelo los proyectos pueden permanecer “parados” durante años ‒muchas veces por presión de la opinión pública‒. Aunque Carrau aclara que, con la creación del Ministerio de Ambiente, se mejoraron los procesos al centralizarse los trámites en una sola dependencia, de todas maneras, esto no resultó en una mayor velocidad a la hora de gestionar los permisos.

MODELO DE ÉXITO

En el ámbito privado, la inversión en vivienda también logró grandes números en los últimos años, especialmente impulsados por la Ley de Vivienda Promovida y sus distintas modificaciones (ver artículo en página 48). Con eso en cuenta, correspondía preguntarse: si la Ley de Vivienda Promovida fue clave para el desarrollo inmobiliario, ¿cuál sería el equivalente en la promoción de inversiones privadas en otras áreas? El consejero de la CCU señala a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) como un instrumento fundamental para la industria. Se trata de un régimen de incentivos fiscales que existe –con leves modificaciones– desde 1998 y es considerado una de las herramientas “más potentes” que tiene el Estado para atraer inversiones.

Esta figura consiste en una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que recibe las iniciativas privadas, las analiza y sugiere al Poder Ejecutivo otorgarles o no la ventaja tributaria. “La Comap ha beneficiado muchísimo a la construcción. Se han desarrollado proyectos vinculados a la logística, a edificios de oficina y otro tipo de inversiones, que sin la Comap no se hubieran dado”, sostuvo Carrau.

El empresario también cree que hay una oportunidad en el área de energías renovables, aunque depende de la adhesión de las potencias mundiales a los combustibles alternativos. “Esta adhesión aún no es clara porque cuesta dinero y hay intereses creados, y sin ella es difícil que esta industria evolucione”, dijo. Un ejemplo es el hidrógeno verde, que es aquel que se produce mediante la electrólisis del agua sin la participación de combustibles fósiles en la cadena, y representa uno de los ejes de la segunda transición energética que comienza a transitar el país y el mundo.

Ante ese escenario, Uruguay se posiciona como un país óptimo para su producción por una variedad de factores. “Soy un gran convencido de que Uruguay tiene muchísimas posibilidades en el hidrógeno verde porque tiene buenas posibilidades de generar energía eólica y fotovoltaica en el norte del país; y tiene una gran cantidad de producción de CO2 biogénico en las plantas de celulosa. Cuando vos unís la generación de hidrógeno realizada con la energía eólica y fotovoltaica con ese CO2 , podés producir un metanol verde que es un combustible alternativo. Uruguay tiene buenísimas expectativas. Son proyectos muy grandes económicamente. Son inversiones del orden de 30.000 millones de dólares en los próximos 25 años”, explicó Carrau.

La creación de plantas de hidrógeno tendría un impacto directo en la industria de la construcción local, así como lo tuvieron las plantas de celulosa, creando fuentes de trabajo directo e indirecto.

Hasta el momento existen cuatro proyectos de hidrógeno verde anunciados, pero aún en etapa de desarrollo: dos para atender la demanda doméstica del sector transporte (camiones) y dos con perspectivas de exportación. Entre los primeros están el proyecto piloto H24U (adjudicado a las empresas Saceem – CYR con fondos de la ANII) y el proyecto Kahirós, que abastecerá a camiones de la cadena logística-forestal a partir de 2026.

En el caso de la exportación están el proyecto de HIF Global, con quien el gobierno firmó un documento de entendimiento por una inversión que rondaría los US$ 6.000 millones y crearía unos 3.000 puestos de trabajo, y el de la empresa Enertrag, que se ubicaría en Tambores. Salvo el proyecto piloto con fondos de la ANII, todos los demás son financiados por capitales privados.

MÁS ALLÁ DE MONTEVIDEO

Además de las inversiones industriales de grandísimo porte, como las plantas de celulosa, el interior del país también fue objeto de otros proyectos privados de carácter industrial, sobre todo vinculados al procesa miento de la madera. “Hay inversiones privadas en el interior que están entrando. En el área maderera diría que están entrando tres o cuatro proyectos importan tes que van a estar entre Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó. Son proyectos de US$ 100 millones cada uno”, acotó Carrau.

“La Comap ha beneficiado muchísimo a la construcción. Se han desarrollado proyectos vinculados a la logística, a edificios de oficina y otro tipo de inversiones, que sin la Comap no se hubieran dado”. Alfonso Carrau

Por el contrario, en el caso del desarrollo inmobiliario, la enorme mayoría de los proyectos se concentraron en Montevideo, Canelones y Maldonado. En ese sentido, mirar al interior del país en lo que hace al rubro vivienda es una cuenta pendiente desde el ámbito privado.

CONSTRUCCIÓN 3.0

En estos años, al interior de las empresas también han ocurrido cambios: la transformación digital ha tomado mayor relevancia, detalla Carrau. Aunque es difícil imaginar una industria de la construcción completamente automatizada y robotizada, sí es cierto que nuevas herramientas como programas específicos han sido revolucionarias para las constructoras. Desde la optimización de recursos que se logró con la introducción del software BIM (Building Information Modeling) hasta drones para realizar inspecciones.

Así lo ve Alfonso Carrau: “No es fácil ser un especialista en Uruguay. A lo que nosotros apuntamos es a tener la mejor calidad de gente, el mejor recurso humano, porque la construcción es un servicio que está basado en gente. Desde el que proyecta hasta el último que limpia la obra, hay gente por todas partes. Como la mano de obra es cara en Uruguay y la productividad baja, sí hemos invertido mucho en tecnología (software, herramientas) y en máquinas, para intentar ser más productivos”.

Pese a los desafíos en competitividad y costos, Uruguay mantiene su atractivo para la inversión privada gracias a su seguridad jurídica y marcos regulatorios estables. Con la experiencia de grandes obras como las plantas de celulosa y el potencial del hidrógeno verde, el país demuestra que puede ser un destino confiable para proyectos privados de alto impacto.